jueves, febrero 21, 2008

En el mismo lodo


¿Cuánto tiempo pasó desde las últimas elecciones? Cuatro, dos, un año. Nada de eso, sólo 112 días. Sí, nada más que ciento doce días, dos mil quinientas veinte horas, ciento cincuenta y un mil doscientos minutos.
Ese tiempo nada más le alcanzó al ex candidato presidencial Roberto Lavagna y al ex presidente Néstor Kirchner para darse cuenta que estaban equivocados, que ese odio mutuo que parecía alejarlos definitivamente uno del otro luego de compartir más de tres años de gestión era absurdo.
Al margen de las auspiciosas lecturas políticas que realizaron los dirigentes peronistas, se podría afirmar sin ruborizarse que lo sucedido es una terrible estafa al electorado y una de las mayores vergüenzas protagonizadas en tiempos de democracia.
¡Hasta el propio ‘Borocotó’ se sonrojaría ante semejante desvergüenza!
Si nos alejamos un poco de la lectura que aplaude la “avivada” política, podríamos ver que, en términos electorales, Lavagna fue apoyado por el 16 por ciento del electorado, es decir, que más de tres millones de personas confiaron en él, creyeron que su presidencia sería más positiva para la nación que la continuidad del proyecto de país de Kirchner.
Si bien la política no es un juego de suma cero, se puede inferir tranquilamente que el votante de Lavagna estaba en desacuerdo con las políticas kirchneristas, y por eso lo eligió como opción.
Ahora bien, me pregunto cómo se habrán sentido aquellos electores que depositaron su confianza en el ex ministro de Economía para dirigir (la palabra esta siempre queda muy bien) al país.
¿Lo hubieran votado de todos modos si sabían que en poco tiempo Lavagna iba a actuar de esa manera? Seguramente no.
Es que hace sólo unos meses, el propio ex ministro había dicho del matrimonio K que "un día dicen que son el cambio y otro día la continuidad. Parecen una veleta, no se sabe lo que son".
Y el patagónico no se quedó atrás. En cada acto al que asistía todavía como presidente aprovechaba para criticar (muchas veces sin nombrarlo) a su ex ministro.
Claro que ya esa relación era incoherente: ¿cómo Lavagna podía criticar a un gobierno que integró por más de tres años? O, si se prefiere, ¿cómo hacía Kirchner para hablar mal de las políticas económicas de una persona a la que sostuvo más de tres años en su cargo?
Pero las incoherencias no se terminaron ahí, y el colmo de los colmos fue sellado con el vergonzoso “Pacto de Olivos 2”, frutilla de un postre más que amargo para la democracia argentina.
Ahora bien, por si faltara poco, como si la gran tomada de pelo no hubiera alcanzado, el jueves Lavagna expresó, como si nada, que “el que me votó como oposición no escuchó lo que yo decía. Cuando me hablaban de oposición yo decía que era una alternativa. Si alguien se confundió, lo siento mucho”.
Todas estas incoherencias y estupideces no hacen más que confirmar que el sistema político de nuestro país está totalmente desorganizado, que los dirigentes no están a la altura de las necesidades de la sociedad, y que a la mayoría les importa un carajo los intereses de sus votantes.
Claro que en Chivilcoy tenemos ejemplos vernáculos: Aníbal Pitelli, primer candidato a concejal por el FpV, nunca asumió su banca, ya que optó por ocupar un cargo en el ministerio del Interior nacional.
Suponiendo que al votante no le da lo mismo una persona u otra, y al margen de que las boletas de intendente y concejales vayan juntas -punto en contra para la "reforma política"-, esto también podría considerarse una burla, un engaño al votante y una estafa electoral.
Pero como todo es igual, como todos están en el mismo lodo, a nadie le va a importar.
Si total, el que no llora no mama, y los giles, los giles somos nosotros.

Carta abierta por Julio López

Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires:

Hace ya un año y cinco meses que nuestro compañero Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido, cuyo testimonio resultara fundamental en la condena dictada a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina durante los años 1976 y 1983.

Se ha realizado desde entonces una investigación que a la fecha no registra imputados, líneas firmes ni calificación del hecho.

Las organizaciones firmantes y otras instituciones nacionales e internacionales sostuvimos desde el primer momento que estábamos frente a un secuestro, donde uno de los fines era impedir la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, del cual el que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz resultó el primero.

Su predecesor, Felipe Solá, y el entonces ministro de Seguridad, León Arslanián, reconocieron públicamente esta hipótesis y que estábamos frente a un hecho de claras connotaciones políticas donde la intervención de miembros de la Policía Bonaerense era más que probable. A pesar de esto, nada hicieron para impedir que esa fuerza direccionara, entorpeciera y manipulara el curso de la investigación, tal como se desprende de la causa judicial.

Por ello, ponemos en su conocimiento que hemos solicitado al juez federal a cargo de la causa, Arnaldo Corazza, que aparte de la investigación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que los elementos que constan en la causa acreditan cabalmente que la fuerza ha obstaculizado intencionalmente la investigación, realizando las medidas ordenadas por el Poder Judicial de manera formal y sólo para evitar las sanciones que acarrearía una lisa y llana negativa. Ha desviado y encubierto líneas investigativas, tal el caso del entonces superintendente Oscar Alberto Farinelli; ha omitido realizar medidas de prueba que se le solicitaron, en especial cuando éstas involucran uniformados.

Las derivaciones de la investigación nos han permitido demostrar lo que hace más de 20 años sostenemos: Que en las estructuras y mecanismos de funcionamiento de los organismos de seguridad prevalecen comportamientos heredados de la dictadura militar y consecuentemente se premia con la impunidad los actos represivos y delictivos.

Por todo lo expuesto, creemos también necesario manifestar que la fuerza a la que -de acuerdo a sus declaraciones públicas y las de su Ministro de Seguridad- pretende darle "mayor poder de fuego" y para la que solicita a la sociedad "tenga confianza en ella", está integrada (según datos suministrados en el Ministerio de Seguridad en marzo de 2007) por:

9026 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1983, es decir, que fueron formados bajo la conducción de Ramón Camps, Pablo Ricchieri y Miguel Osvaldo Etchecolatz.

3102 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1979, es decir, el período donde la Policía tuvo en funcionamiento casi 30 centros clandestinos de detención, y participó del secuestro, tortura, asesinato, apropiación de niños y desaparición de más de 5 mil personas.

Casi un centenar de miembros cuyo legajo acredita en forma fehaciente que revistaron en centros clandestinos de detención. De ellos, fueron pasados a retiro solo treinta y seis. El Ministerio de Seguridad informó esto pero se negó a dar los nombres, porque "estaba en juego la gobernabilidad de la fuerza" según nos dijeron en la última reunión que mantuvimos.

De los 24 jefes departamentales que esta gestión designó, 12 están incluidos en el referido listado de 9026 efectivos ingresados a la fuerza con anterioridad a 1983.


Por otra parte, recientemente se ha informado que el Ministerio de Seguridad estudia un plan que incluye la coordinación de esfuerzos, capacidades y medios de las agencias de seguridad privadas con la Policía.

Paralelamente se informa que se proyectan nuevas inspecciones a las agencias de seguridad a fin de que cumplan los requisitos para funcionar.

Debemos denunciar que durante estos años, las agencias de seguridad privadas han sido en muchos casos el reducto de represores, miembros exonerados de la fuerza e incluso miembros en actividad, en abierta violación a la ley que reglamenta su funcionamiento. Tal es el caso del listado "agencias de seguridad con represores", incluido en la causa judicial "Jorge Julio López s/Desaparición", realizado con datos oficiales.

No podemos soslayar la gravedad de conformar un ejército de más de 120 mil miembros, con capacidad operativa y poder de fuego, so pretexto de la "inseguridad" que asola a la Provincia.

La dimensión de la seguridad representa un campo necesariamente enfocado en la perspectiva del respeto irrestricto a los Derechos Humanos y en tal sentido, para las organizaciones firmantes, la inseguridad es también no saber quienes secuestraron a nuestro compañero, y sobre todo la certeza de que la fuerza de seguridad de la que Ud. es responsable, garantiza la impunidad de su desaparición.

Por todo lo expuesto exigimos:

1.- La inmediata exoneración de todos aquellos integrantes de la Policía Bonaerense responsables de las graves irregularidades cometidas en la causa en la que se investiga la desaparición de Julio López, en especial, los Superintendentes Roberto Máximo Silva, Hugo Matzkin y Oscar Farinelli.

2.- La inmediata exoneración de los miembros de la Policía que revistaron en centros clandestinos de detención durante los años 1976-1983

3.- La entrega al Poder Judicial de la nómina de todos los policías que estuvieron en actividad durante los años 1976 a 1983, reiteradamente negada a pesar de los requerimientos judiciales.

4.- La inhabilitación para funcionar de todas aquellas agencias de seguridad que tengan represores en sus filas.

5.- La prohibición de integrar agencias de seguridad de privadas a los miembros de la Policía exonerados de la fuerza.


Justicia YA! La Plata
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)
Central de Trabajadores Argentinos -La Plata (CTA)
Asociación Anahí
Comité para la defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH)
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
LIBERPUEBLO
HIJOS La Plata
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Unión por los Derechos Humanos de La Plata
Casa de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza